La huelga de internautas del 3 de septiembre de 1998 apagó los módems de media España y acabó en la tarifa plana de 2.750 pesetas

El 3 de septiembre de 1998, mucha gente se sentó delante del ordenador, miró el icono del Acceso Telefónico a Redes y no hizo doble clic. Esa era toda la acción: no conectarse en veinticuatro horas. Ni correo, ni News, ni IRC, ni la web del periódico. La primera jornada de desconexión masiva de España consistía en dejar el módem callado un día entero para que el contador de Telefónica no diera ni un paso.

Suena a protesta simbólica, y en parte lo era. Pero detrás había una cuenta muy concreta que cualquiera podía hacer con un boli en el margen de la factura.

El 055, y el contador corriendo

Desde 1995, conectarse en España pasaba casi siempre por Infovía, la red que Telefónica había montado para que el acceso a internet no dependiera de dónde vivieras. Marcabas el 055, y daba igual que tu proveedor tuviera los módems en Madrid y tú estuvieras en Lugo: se pagaba como una llamada metropolitana. Aquello fue un avance real, y sigue explicando por qué en España proliferaron proveedores pequeños de provincias.

El problema era el resto de la factura. La conexión se pagaba por minuto: 1,9 pesetas, que salían a 114 pesetas la hora. A eso había que sumarle la cuota del proveedor de acceso, del orden de 12.000 pesetas al año. Estar una hora leyendo costaba más que el periódico de papel, y el gasto no aparecía hasta que llegaba el sobre, dos meses después, con una cifra que no cuadraba con la sensación de haber estado un rato mirando cosas.

De ahí la vida nocturna. Las tarifas telefónicas tenían horario reducido, y a partir de cierta hora y en fin de semana el mismo rato de conexión costaba bastante menos. Por eso los foros hervían a las dos de la mañana y por eso se aprendió a trabajar en diferido: te conectabas, bajabas el correo y las páginas que ibas a leer, colgabas, y leías con el teléfono libre. Navegar con el reloj en la cabeza era una destreza.

Agosto de 1998: la subida que encendió la mecha

Ese verano, el Gobierno autorizó el reequilibrio de las tarifas telefónicas. La lógica era abaratar la larga distancia, donde acababa de entrar Retevisión como segundo operador, y compensarlo encareciendo la llamada local, donde no había competencia. La metropolitana subió un 137%. Para el que hablaba con su hermano en Sevilla, la operación salía a cuenta. Para el que se conectaba a Infovía, la hora se puso en torno a las 270 pesetas.

Es decir: la factura de conectarse a internet se multiplicó por un decreto que no mencionaba internet en ninguna parte. En un país donde el EGM contaba menos de un millón de usuarios, aquello no se consideraba un problema de política pública, sino un asunto de aficionados.

Cómo se convoca una huelga cuando no existen las redes sociales

La convocatoria circuló por los únicos canales que había: listas de correo, grupos de noticias, canales de IRC, foros y páginas personales que se llenaron de banners negros. Cuatro colectivos se estaban moviendo a la vez —Fronteras Electrónicas España, el Grupo Tarifa Plana, la Plataforma La Huelga y la Plataforma Tarifa Plana—, con reivindicaciones parecidas y sin un mando único.

El 3 de septiembre fue la primera jornada. Un mes después llegó la segunda, y el 31 de enero de 1999 se convocó otra de alcance europeo en la que la consigna se endureció: no usar internet y tampoco el teléfono en todo el día. El objetivo era que el corte se notara en la caja, no en Twitter, que no existía.

Medir el efecto real sobre los ingresos de Telefónica era imposible desde fuera, y esa fue siempre la debilidad de la protesta. Lo que sí consiguió, y no era poco, fue que los telediarios tuvieran que explicar qué era un internauta y por qué estaba enfadado. Un colectivo que no salía en las encuestas apareció de golpe como interlocutor.

El 10 de octubre de 1998, cinco personas de aquellas cuatro plataformas se reunieron en Madrid y fundaron la Asociación de Internautas, presidida durante años por Víctor Domingo. Dejó de ser una campaña y pasó a ser una entidad con estatutos, que es lo que hace falta para que te reciban en un ministerio. La hemeroteca de la asociación conserva los comunicados de aquellos meses.

Del módem apagado al Real Decreto-ley 7/2000

La pelea duró casi dos años más y se ganó por la vía administrativa. El 23 de junio de 2000, el Real Decreto-ley 7/2000 de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones fijó un precio máximo para la tarifa plana de acceso a internet: 2.750 pesetas al mes, 16,53 euros, con entrada en vigor antes del 1 de noviembre. La orden del 31 de octubre de 2000 aprobó las condiciones de contratación, y la tarifa empezó a aplicarse esos primeros días de noviembre.

Los operadores alternativos se habían adelantado unos meses. Arrakis, entonces en manos de British Telecom, sacó en junio su Barra Libre a 2.750 pesetas con conexión ilimitada de ocho de la tarde a ocho de la mañana. Retevisión respondió a principios de julio con acceso por eresMas a 2.600 pesetas de seis de la tarde a ocho de la mañana. Telefónica llegó detrás.

Conviene subrayar el detalle: la tarifa plana que se ganó era nocturna. Seguías sin poder conectarte un martes a las cinco de la tarde sin mirar el reloj, las líneas se saturaron enseguida y las desconexiones automáticas al cabo de unas horas se convirtieron en el nuevo motivo de queja. El mismo decreto de junio de 2000 abrió el bucle de abonado a la competencia, el paso que permitiría a otros operadores usar el par de cobre de Telefónica; los primeros pares alquilados tardaron en llegar y llegaron con conflicto.

Qué quedó

El efecto se ve en las cifras de usuarios del EGM: menos de un millón en 1997, unos dos millones en 1999, más de tres millones y medio en 2000 y cerca de siete millones en 2002. El precio dejó de ser la barrera principal justo cuando el ADSL empezaba a asomar, todavía a 9.000 pesetas al mes.

Infovía no sobrevivió a su propia criatura: dio paso a Infovía Plus a finales de los noventa y acabó desmontada cuando los proveedores pudieron interconectar por su cuenta. La Asociación de Internautas siguió, y sus siguientes batallas fueron el canon digital y las demandas de la SGAE, con la misma mecánica de fondo.

Lo que queda de 1998, más allá de las 2.750 pesetas, es la comprobación de que una comunidad dispersa, sin sede ni presupuesto, podía coordinarse por correo y foros hasta forzar un cambio en el BOE. Fue el primer ensayo en español de algo que después se daría por descontado, y se hizo con la herramienta más contraintuitiva posible: dejando de usar internet.